POLÍTICAS FRENTE A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA UNIVERSITARIA: UNA LECTURA DESDE EL TRABAJO DE CUIDADO

Paulina Noelia Serú

https://orcid.org/0009-0001-6461-9481

Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA) - CONICET. Mendoza, Argentina

Email: serupaulina.n@gmail.com

Title: Gender-based violence policies and the sustainability of univerity life: Insights from care work

Abstract: This article examines university policies addressing gender-based violence as a form of care work within academic institutions. Drawing on interviews, observations, and document analysis, it explores a case study at the National University of Cuyo (Argentina), focusing on a gender-based violence response unit and the implementation of an institutional protocol for handling complaints of sexist violence. Grounded in feminist economics, the analysis looks beyond the provision of services to consider the care dimensions of this work and its contribution to sustaining university life. The theoretical framework weaves together key concepts such as “care work,” “social organization of care,” “reactionary ethics of care,” and “sustainability of life.” The findings highlight the transformative potential of these policies—not only in repairing community bonds but also in challenging structural inequalities within the university. At the same time, the perspective of the workers reveals persistent challenges: the complexity of the cases addressed, lack of resources, the feminized and undervalued nature of the work, and the marginal position of such units within the institutional hierarchy. The article argues that acknowledging and elevating care-work is essential for advancing the de-patriarchalization of universities and strengthening their ability to uphold rights. In this sense, it calls on institutions to center care for life as both an ethical and political imperative.

Key words: care work; gender-based violence; higher education institutions; gender policies

Resumen: El artículo analiza las políticas universitarias de abordaje de las violencias de género como forma de trabajo de cuidado dentro de la universidad. A través de entrevistas, observaciones y análisis documental, se explora un caso situado en la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), en particular, un área de abordaje e implementación del Protocolo de intervención institucional ante denuncias por situaciones de violencia sexista. Desde categorías teóricas de la economía feminista se examinan las tareas del área más allá de la atención, para indagar aristas del cuidado que contribuyen a la sostenibilidad de la vida universitaria. El análisis articula conceptos como “trabajo de cuidado”, “organización social del cuidado”, “ética reaccionaria del cuidado” y “sostenibilidad de la vida”. Como resultado se destaca el potencial transformador de estas políticas, tanto en la reparación de vínculos comunitarios como en la disputa por condiciones de vida más justas dentro de la universidad. Al mismo tiempo, a partir de la mirada de las trabajadoras, se identifican desafíos vinculados a la complejidad de la demanda atendida, la escasez de recursos, la feminización de la tarea y la desjeraquización del área. El artículo concluye que reconocer y jerarquizar el trabajo de acompañamiento frente a las violencias es clave para despatriarcalizar las universidades y fortalecer su capacidad de garantizar derechos. Así, se interpela a las instituciones a priorizar el cuidado de la vida como horizonte ético y político.

Palabras clave: trabajo de cuidado; violencia de género; políticas universitarias; abordaje de las violencias de género

Introducción

            En los últimos años, las demandas del movimiento feminista y sus denuncias de las violencias patriarcales como un problema público conmovieron a la sociedad e interpelaron al Estado y sus instituciones. Así, emergieron procesos de institucionalización de políticas para atender la problemática en múltiples frentes: leyes, programas de asistencia, organismos especializados, observatorios, acciones de sensibilización, etc. En ese marco, las universidades argentinas han impulsado la creación de diversos mecanismos institucionales para la atención, acompañamiento, sanción y no repetición de las situaciones de violencia de género en esos ámbitos. El acceso a estos dispositivos, que en su mayoría tomaron la forma de consejerías, equipos técnicos y protocolos de actuación, se encuentra vinculado al reconocimiento de la ciudadanía universitaria en un sentido ampliado. Su puesta en marcha ha permitido que las personas afectadas por la violencia no enfrenten estos procesos de forma aislada, sino con el apoyo de recursos institucionales y estructuras colectivas dedicadas a ello. Equipos interdisciplinarios integrados por psicólogas/es/os, trabajadoras/es sociales, abogadas/es/os y otras/es/os profesionales asumen estas tareas evidenciando el rol activo que tiene la política universitaria para la construcción del bienestar y calidad de vida al interior de las universidades.

En este marco, deviene relevante analizar estas políticas no solo como respuestas institucionales ante emergentes, sino también como una expresión de la organización social del cuidado en las comunidades universitarias. Esquivel y Kauffmann (2017) definen las políticas de cuidado como aquellas que asignan recursos -dinero, servicios, tiempo- para garantizar derechos y bienestar, tanto para quienes cuidan como para quienes reciben cuidados. ¿Qué dimensiones habilitan esta definición para analizar las políticas de abordaje de las violencias de género? ¿Qué rol juegan estos dispositivos en la sostenibilidad de las comunidades universitarias?

La crítica feminista a la economía ortodoxa ha puesto en cuestión los marcos interpretativos que restringen lo económico a la producción y el mercado, visibilizando el valor de las tareas de la reproducción social. En contextos institucionales como el universitario, las tareas de cuidado se entrelazan a otras, como las laborales, pedagógicas y académicas, aportando no solo al sostenimiento cotidiano de las personas, sino también a la continuidad y sustentabilidad de las propias instituciones.

Desde la discusión teórico-analítica, el articulo explora los alcances de las categorías de sostenibilidad de la vida, trabajos de cuidado y organización social del cuidado a partir de la revisión de un caso empírico situado en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Mendoza, Argentina. Este trabajo forma parte de una investigación más amplia acerca de los procesos de institucionalización de políticas de género en universidades la región. El objetivo aquí es indagar políticas universitarias de abordaje y acompañamiento de las violencias de género desde herramientas conceptuales y metodológicas de la economía feminista. La estrategia es cualitativa y se desarrolla a partir de entrevistas a profesionales del equipo de abordaje, junto con el análisis de documentos institucionales e informes elaborados por la Red Interuniversitaria contra la Discriminación y la Violencia (RUGE-CIN).

En 2015 la UNCUYO creó un espacio de consejerías en temáticas de género abierto a la comunidad universitaria, y en 2017 aprobó un Protocolo de intervención institucional ante situaciones de violencia sexista, transversal a todo el ámbito. Ambas políticas, el área de consejerías y el protocolo de intervención, son sostenidas un equipo de profesionales especializadas que brindan acompañamiento ante situaciones de violencia de género, sexualidades o identidad de género, ocurridas dentro o fuera del ámbito universitario. Su intervención no se limita a la atención de consultas, sino que incluye tareas de sensibilización, asesoramiento y articulación institucional. En el marco del Protocolo, receptan denuncias, diseñan estrategias de abordaje, elaboran informes y hacen seguimiento de los expedientes.

El presente artículo se organiza en cuatro apartados. Primero se expone la metodología utilizada y se describe el caso de estudio. Luego se presenta el encuadre teórico y los nudos conceptuales que guiarán el análisis. Los siguientes tres apartados exponen los resultados articulados en torno a tres aristas de indagación. Finalmente, se presentan algunas reflexiones en torno a las implicancias de pensar la universidad pública desde la perspectiva del cuidado.

Estrategia metodológica y el caso de estudio

            Este artículo toma una perspectiva teórico-epistemológica feminista, entendiendo que no existe neutralidad en la producción de conocimiento en tanto toda investigación implica un punto de vista situado (Harding, 1987). En este sentido, el caso se analiza desde las experiencias singulares y sociales de trabajadoras que forman parte de los procesos de interpelación feminista en los ámbitos universitarios (Martín, 2021). Al mismo tiempo, se parte de reconocer la división sexual del trabajo y sus jerarquías en las sociedades (Federici, 2018) y se asume la implementación de las políticas públicas como procesos organizacionales multideterminados, insertos en una materialidad institucional marcada por umbrales de género (Anzorena, 2013).

El alcance del trabajo es exploratorio y se apoya en una estrategia metodológica cualitativa que enlaza la reflexión teórica con el análisis documental y empírico, centrado en el caso de un área de género de la Universidad Nacional de Cuyo dedicada al abordaje de situaciones de violencia patriarcal en la comunidad universitaria. La revisión documental tomó un corpus de ordenanzas y resoluciones del Consejo Superior de esa universidad con impacto presupuestario y funcional en el área.

Tabla 1:

Además, se realizaron cinco entrevistas en profundidad, dos individuales y tres grupales, a trabajadoras del espacio durante los meses de noviembre y diciembre de 2021. Las personas entrevistadas aceptaron ser mencionadas en este artículo como “trabajadora del área”. Las observaciones se desarrollaron entre octubre de 2019 y noviembre de 2021 e incluyeron jornadas de trabajo cotidiano, consejerías a personas de la comunidad educativa y reuniones internas del equipo. Se tomaron notas con una descripción densa y analítica, empleando un esquema que osciló entre la observación participante y la participación observante (Guber, 2011), favorecida por la cercanía previa de la autora con el espacio y su posterior incorporación al equipo de tareas (1)^.

El caso que se estudia es un área institucional creada en 2015 a partir del impulso del feminismo universitario, bajo la órbita de la Secretaría de Bienestar Universitario (en adelante SBU), y en respuesta a la creciente demanda por políticas con perspectiva de género que cruzó las universidades nacionales argentinas. Su equipo interdisciplinario, compuesto de una abogada, dos psicólogas y dos trabajadoras sociales, desarrolla acciones de abordaje integral, asesoramiento especializado, formación y sensibilización en torno a tres líneas centrales de intervención: sexualidades, identidades de género y violencias patriarcales. El dispositivo principal de intervención son las consejerías, entendidas como espacios de escucha que permiten abrir estrategias de abordaje integral, combinando acompañamiento subjetivo, fortalecimiento socioeconómico, orientación legal, articulaciones con actores institucionales y derivaciones a recursos dentro y fuera de la universidad. En este marco, el área aborda situaciones de violencia que afectan a integrantes de la comunidad universitaria, tanto dentro como fuera del ámbito. Estas intervenciones se orientan a promover procesos de salida de la violencia y reparación subjetiva, entendida como la reconstrucción de las condiciones de bienestar, seguridad y autonomía de las personas afectadas.

Entre sus funciones se destacan la aplicación del “Protocolo de Intervención Institucional ante Denuncias por Situaciones de Violencia Sexista en el ámbito de la UNCUYO” (Res. 682/17), la implementación de otras políticas como la Beca de Identidades Plurales y las Licencias por Violencia de Género para personal universitario y la realización de acciones de sensibilización y formación dentro de la universidad. Desde un enfoque de derechos, el espacio busca alojar experiencias y problemáticas históricamente desatendidas, contribuyendo a transformar las prácticas institucionales en clave feminista.

Fundamentos teóricos y categorías analíticas

            A nivel teórico, este artículo se inscribe en el cruce entre los enfoques críticos para el estudio de las políticas públicas de género, especialmente en su vinculación con las demandas feminista por transformar las condiciones de vida en sociedades patriarcales (Fraser, 1989), así como en su análisis como procesos organizacionales complejos atravesados por disputas de poder entre actores sociales e institucionales (Beltrán Llavador, 2000; Rodriguez Gustá, 2008; Anzorena, 2013); y los aportes analíticos provenientes del campo de las economías feministas, en particular aquellas discusiones centradas en los trabajos de cuidado (Esquivel, 2012; Pérez Orosco, 2014; Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014; Esquivel y Kauffmann, 2017; Gago, 2019). Se retoman estas herramientas conceptuales para ampliar la mirada sobre las políticas universitarias contra las violencias patriarcales, no solo en términos de dispositivos institucionales para atender problemáticas que devienen de las relaciones desiguales entre los géneros (Anzorena, 2013), sino también, como una forma de trabajo que sostienen sistémicamente a las comunidades educativas (Pérez Orosco, 2014).

Las visiones ortodoxas de la economía construyeron un campo masculinizado, con pretensiones de neutralidad y universalidad que, sin embargo, viene siendo revisado por los feminismos. Éstos han producido herramientas conceptuales que permiten interrogar las dimensiones económicas de las desigualdades de género, impugnando supuestos tan fundantes como el homo economicus -ilusorio modelo y medida de toda subjetividad- o el libre mercado -pretendido mandato de regulación y ordenamiento social (Gago, 2019).

Verónica Gago (2019) advierte que una de las contribuciones más potentes de las economías feministas ha sido la transformación de la noción misma de economía al extenderla más allá de las esferas de la producción y la circulación. Con el objetivo de visibilizar y cuantificar el diferencial de explotación que atraviesan las mujeres bajo el capitalismo, los análisis feministas han puesto en el centro la reproducción social. El capitalismo, para su funcionamiento y valorización, necesita negar el carácter económico de las tareas que permiten reproducir la fuerza de trabajo, asignándolas a mujeres e identidades feminizadas al interior de los hogares (Gago, 2019). Esta forma de organización, además de garantizar que dichas actividades se realicen de manera no remunerada, las ha ubicado en los márgenes de la valoración material y simbólica (Federici, 2018).

Valeria Esquivel y Andrea Kauffmann (2017) sistematizan tres componentes que delinean lo que generalmente ha sido enmarcado bajo el concepto “trabajo reproductivo no remunerado”: el cuidado directo e indirecto personas, el trabajo doméstico y el trabajo comunitario no pago. Sin embargo, desde enfoques más amplios se propone correr el foco del carácter no remunerado o doméstico, para pensar el trabajo reproductivo a partir de la contribución de valor que realiza al todo social (Esquivel, 2012; Pérez Orosco, 2014; Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014). De este modo, existe en las sociedades un conjunto de tareas que, permaneciendo subterráneas y marginales a los mecanismos de valorización económica, contribuyen decididamente al sostenimiento del sistema (Esquivel, 2012; Gago, 2019).

En esta línea, el trabajo doméstico y el trabajo reproductivo -asalariados o no- han sido reconceptualizado bajo la noción de “trabajo de cuidado”, como aquellas actividades materiales y afectivas, tangibles e intangibles, directas e indirectas, que están orientadas a satisfacer las necesidades físicas, emocionales o cognitivas de quien las recibe (Esquivel, 2012). Esto incluyen en la esfera de la reproducción social las acciones necesarias para la regeneración cotidiana de la vida realizadas dentro de los hogares y las comunidades, pero también, aquellas desarrolladas en el marco de instituciones como las de la salud, educación, asistencia, limpieza, desarrollo social, etc.

Las formas con que se gestionan estructuralmente este conjunto de prácticas hacen a la organización social del cuidado. El concepto de “organización social del cuidado” refiere al modo en que las tareas de cuidado se producen y distribuyen en una sociedad de manera interrelacionada entre familias, Estado, mercado y organizaciones comunitarias (Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014). Quién cuida, cómo, dónde, con qué recursos, con qué efectos, son preguntas claves en este enfoque en tanto el esquema que tomen dichos arreglos puede volverse perpetuador de la desigualdad.

A su vez, el concepto de “sostenibilidad de la vida” aporta una dimensión ética al análisis. Amaia Pérez Orozco (2014) propone partir del reconocimiento de la vulnerabilidad como condición inherente a toda vida. La vida para sostenerse requiere ser con otrxs, en un entramado social de relaciones de interdependencia. Por ese motivo el cuidado no puede ser concebido como autocuidado, sino que se trata de una práctica siempre colectiva y ecodependiente (Pérez Orosco, 2014). Desde esas coordenadas de pensamiento deviene relevante el siguiente asunto: si la vida se inserta siempre en una trama social que le permite sostenerse, la sostenibilidad de la vida requiere también de la continuidad de ese lazo social.

Así, una concepción crítica de la sostenibilidad interpela a las formas de vida bajo el capitalismo actual. Un sistema que pondera unas vidas por sobre otras, que daña el lazo social, es un sistema no sostenible. Por lo tanto, frente a la lógica economicista centrada en el beneficio y la ganancia de unos pocos, la “ética del cuidado” pone en el centro el sostenimiento de la vida compartida: el buen vivir, la vida gozosa, posible para todxs y respetuosa de la diversidad (Pérez Orosco, 2014). De esta manera, la propuesta no solo arroja luz sobre las actividades que contribuyen a hacer de la vida algo deseable y sustentable, sino que también traza un horizonte de resistencia contra un sistema que la ataca y socava.

Finalmente, el análisis se complementa con la incorporación de la noción de desesidades, recuperada a partir del trabajo de Miguel Ángel Martínez del Arco (2011, citado en Pérez Orosco, 2014: 42). Esta categoría tiene el potencial de resignificar la “política de la necesidad” (Fraser, 1989), sin escindirla de la política del deseo. Así tensiona la centralidad que el estudio de las políticas sociales ha dado a la disputa de los sujetos por la atención de sus necesidades, para poner en relieve que el motor de las demandas sociales es el deseo de transformar las condiciones de existencia.

Lectura crítica del caso: la política universitaria contra la violencia desde la perspectiva del cuidado

            A partir de las claves conceptuales desarrolladas se organiza la lectura crítica del caso en tres núcleos de análisis. El primero de ellos, articula las nociones de “sostenibilidad de la vida” y desesidades para pensar los modos y sentidos que adquieren las políticas de abordaje de las violencias patriarcales en el entramado universitario. El segundo núcleo se orienta a indagar el trabajo que hacen las profesionales del área a partir de los conceptos de trabajo de cuidado y ética reaccionaria del cuidado, identificando desde esas coordenadas qué sentidos atribuyen las propias trabajadoras a su tarea. El tercero se enfoca en las formas que asume la organización social del cuidado en la universidad a partir del caso analizado. Marcos presupuestarios y organigramas permitieron explorar cómo se distribuyen, jerarquizan y financian las responsabilidades institucionales de cuidado frente a las violencias en una universidad pública. A continuación, se presentan los principales hallazgos y discusiones.

Violencias patriarcales y sostenibilidad de la vida universitaria

            Las violencias estructurales y cotidianas contra mujeres e identidades feminizadas forman parte de las condiciones de existencia en un mundo heteropatriarcal, capitalista y colonial, que atenta contra el bienestar, el desarrollo y las libertades de las/es sujetas/es. Mirar desde la sostenibilidad de la vida implica reconocer que la demanda de mujeres e identidades feminizadas por ser oídas, protegidas y acompañadas responde a sus desesidades: en la lucha por la justicia y contra las violencias patriarcales se amalgama la necesidad de respuestas con el deseo de transformar la vida actual en una vida vivible. Desde esta perspectiva, erradicar las violencias heteropatriarcales es imprescindible para la sostenibilidad de sus vidas y forma parte de un horizonte de buen vivir (Pérez Orosco, 2014).

Se ha señalado que las universidades son instituciones marcadas por estructuras y prácticas heterocispatriarcales -también burocráticas, meritocráticas, capitalistas y colonialistas- que reproducen múltiples desigualdades de poder con efectos directos sobre quienes las habitan. Estas características se expresan en barreras de acceso, segregaciones, brechas, silencios curriculares, discriminación y violencias de género (Buquet Corleto et al., 2013; Rovetto y Figueroa, 2017; Programa Mujeres Libres, 2019; Ahmed, 2021; Martín, 2021; Täuber et al., 2022).

Al mismo tiempo, las universidades son entramados de relaciones que se despliegan en múltiples dimensiones: laborales, pedagógicas, académicas, epistemológicas, políticas, simbólicas y afectivas (Vazquez Laba y Palumbo, 2021). Estas interacciones configuran una experiencia comunitaria cotidiana y territorializada, donde emergen vínculos de pertenencia y se entretejen los proyectos colectivos con las trayectorias subjetivas y personales (Blanco, 2014; Serú y Anzorena, 2022). En este marco, las situaciones de violencia patriarcal erosionan esos vínculos, tiñendo de hostilidad y sufrimiento las relaciones, lo que puede conducir al desenganche, la deserción o la desafiliación de quienes las padecen.

La proximidad vincular de las universidades las convierte en “comunidades asequibles”, donde la interpelación mutua, la reflexividad y el encuentro dialógico son posibles (Valencia, 2024). Desde ese horizonte de posibilidades, abordar, contener y acompañar situaciones de violencia no solo sostiene a las personas afectadas, sino que permite recomponer el lazo social y promover el bienestar en la convivencia universitaria. En este sentido, las tareas de prevención, atención y reparación de las violencias adquieren valor en el horizonte de la sostenibilidad de la vida compartida.

Dado que se trata de instituciones patriarcalizadas, las violencias en las universidades se anclan en jerarquías políticas, laborales y académicas, operando como mecanismos que sostienen un orden institucional de género (Morley, 1994; Buquet Corleto et al., 2013; Ashencaen Crabtree y Shiel, 2018; Benavídez et al., 2018; Ahmed, 2021). Es decir, se articulan con lógicas instrumentales del capitalismo académico -como la competencia, la meritocracia, los escalafones, el productivismo, el utilitarismo- y generan impactos en la salud y el bienestar de las personas. Frente a ello, las políticas que buscan mitigar estos efectos cumplen un rol sistémico: amortiguan las consecuencias de las relaciones de producción (2) propias de una universidad patriarcalizada y promueven entornos -laborales, áulicos o académicos- más habitables.

Un ejemplo que permite ilustrar esto ha sido la creación de las Licencias por violencia de género para personal universitario (LVG) y su articulación con las políticas de protocolos. En la UNCUYO, la LVG se incorporó al esquema de licencias para no docentes en el año 2019, ampliándose a docentes en 2023. Su aprobación fue producto de la articulación entre referentas sindicales, trabajadoras del área y otras feministas universitarias. Consiste en la posibilidad de solicitar hasta 90 días con goce de haberes, cuando la persona esté transitando una situación de violencia y haya sido evaluada por el equipo interdisciplinario de abordaje (Ord. 57/19). Según las entrevistas, el fundamento para crear esta licencia fue el reconocimiento de que las situaciones de violencia afectan la subjetividad de quien la sufre, generando impactos y desgastes psicofísicos que interfieren en el normal desarrollo de sus actividades. Además, se considera que el proceso de salida de la violencia requiere de tiempo y dedicación emocional para generar herramientas subjetivas, lo cual es difícil de lograr en medio de una rutina laboral. Las profesionales que hacen estos acompañamientos señalan que, previo a la existencia de la LVG, las trabajadoras solían recurrir a licencias por salud mental, con los efectos revictimizantes que ello podía tener. Vemos así que su incorporación al esquema de licencias permitió ampliar las políticas de conciliación desde un enfoque no maternalista, e hizo que las regulaciones laborales de la universidad dieran lugar a una ética del cuidado para con las trabajadoras que sufren violencia patriarcal.

Asimismo, las trabajadoras que implementan el Protocolo destacan que estas licencias fortalecen las posibilidades del acompañamiento de situaciones de violencia que suceden dentro de la universidad. Al permitir a las personas agredidas tomar distancia del escenario de la agresión, facilitan que éste pueda ser abordado al tiempo que dan lugar al proceso de fortalecimiento subjetivo. En cuanto a la institución, el otorgamiento de estas licencias funciona como un acto de reconocimiento y responsabilización institucional por las situaciones injustas que suceden dentro de la misma universidad, así como de alojamiento hacia las desesidades de quienes han sido afectadas por ellas.

En síntesis, las herramientas para el abordaje de las violencias contribuyen de manera concreta a la sostenibilidad de la vida en las universidades. Ahora bien, ¿podemos considerar al trabajo de acompañamiento que realizan estos espacios como una forma de trabajo de cuidado? Este interrogante abre la reflexión sobre el rol de quienes implementan las políticas, sus condiciones de trabajo y los sentidos que adquiere la tarea para las mismas trabajadoras.

El abordaje de las violencias y las tensiones del trabajo de cuidado

            Valeria Esquivel define como trabajadores y trabajadoras del “cuidado remunerado” a aquellas personas asalariadas que prestan un servicio de contacto personal, orientado a mejorar las condiciones materiales e inmateriales de quien lo recibe (Esquivel, 2012: 165). Estos trabajos forman parte de la noción más amplia de “cuidado”, al tratarse de actividades centradas en atender las necesidades de otras personas, siendo esas necesidades el punto de partida. Aunque puedan tomar distintos contenidos -educar, sanar, limpiar, asistir, cuidar, cocinar, contener, etc.-, comparten su carácter de feminización y baja remuneración en comparación con otras actividades del mercado (Esquivel, 2012).

Las economías feministas han advertido la relevancia de no caer en concepciones idealizadas o dicotómicas entre cuidados y mercado. Esto sería especialmente dañino por los mandatos de género que los trabajos de cuidado llevan implícitos, que los escencializan como algo naturalmente bueno, propio de una feminidad desinteresada y solidaria (Pérez Orosco, 2014). Por el contrario, se propone evidenciar que a las tareas de cuidado también les subyacen elementos normativos y prescriptivos. Amaia Pérez Orosco denomina a este conjunto de imperativos como la “ética reaccionaria del cuidado”: una lógica que impone a las mujeres la responsabilidad de sacar adelante la vida en un sistema que la ataca y la margina en los ámbitos invisibilizados de la economía, “allí donde no se mira y desde donde no se genera conflicto político” (Pérez Orosco, 2014: 106).

Dos elementos característicos de los trabajos de cuidado permiten explorar el caso analizado. El primero remite a su carácter “residual” frente al mercado: se trata de tareas fundamentales para compensar los desajustes de un sistema que produce daño, pero que no son consideradas rentables y, por ende, no adquieren valor dentro de las lógicas mercantiles. Así, cuando se realizan como parte del trabajo remunerado, estas prácticas suelen desarrollarse en condiciones precarias y paradójicas, donde se tensionan las lógicas de la explotación con los mandatos de seguir cuidando (Pérez Orosco, 2014: 106). El segundo elemento se relaciona con su “invisibilización sistémica”: se trata de actividades subalternizadas, a las que se les sustrae la capacidad para cuestionar el conjunto de la organización social (Pérez Orosco, 2014: 108).

El trabajo de abordaje de las violencias en la universidad manifiesta algunas de estas características y se distancia en otras. Si bien ya se mencionó el rol sistémico que cumple al atender los impactos provocados por las estructuras y prácticas patriarcalizadas que atraviesan estas instituciones, la condición de residualidad también se expresa de otras maneras. A partir de sus procesos de institucionalización, se advierte que el surgimiento tardío de estas políticas universitarias (entre 2015 y 2018) necesitó del impulso y la lucha sostenida de los feminismos, tanto dentro como fuera de las universidades (Martín, 2021). La irrupción de la demanda por crear herramientas para la atención de la violencia ha sido la contracara de la resistencia histórica que estas instituciones tenían para asumir dicha tarea (Rovetto y Figueroa, 2017). En su implementación, estas áreas han enfrentado las dificultades de estar realizando un trabajo que la institución ha tendido a negar. Tal como ha analizado Sara Ahmed (2021), las personas responsables de la implementación de los mecanismos de denuncia cargan con el peso de asumir aquello que la universidad no quiere oír y que, por tanto, se resiste activamente a hacer. Este carácter paradójico e incómodo es parte de los sentidos que las trabajadoras expresan acerca de su tarea.

“Hay momentos en donde la cosa se traba, donde nosotras no podemos hacer… Y ahí es como una frustración compleja, tenemos que manejar nuestra propia frustración y la de las mujeres que denunciaron.” (Trabajadora del área, noviembre 2021)

“Se entorpecen aspectos [básicos] de la situación, como poner en vigencia una medida de protección, hay obstáculos que no tienen sentido. Vos le decís a la persona ‘esto tiene que ser así y así’, y el proceso se entorpece, en primer lugar, por desconocimiento y a veces adrede, por la intencionalidad de entorpecer (…) una genera expectativas y contiene y sostiene y muchas veces no se hace lo que se tiene que hacer (…)

“Últimamente ha habido muchos protocolos de gente laburante, y eso tiene algo... ¿qué va significando? Ya empieza, de a poquito, a ir a los ojos de la bestia, a la estructura, como que la empieza a tocar, ¿no? Y yo ahí no sé qué va a pasar, ¿viste?... Es gente con poder, con conexiones y qué sé yo. Las mujeres tienen el temor: ‘no, lo van a re cajonear por las conexiones que tiene, porque tiene contacto con fulano, con mengano’. Y nosotras decimos: ‘Y… en protocolo es difícil, vamos a estar alertas a que eso no suceda’. Pero no sé. No sé si podemos.” (Fragmentos entrevista grupal a trabajadoras del área, diciembre 2021)

Los relatos describen una tarea institucionalizada que, sin embargo, en ocasiones se realiza a contrapelo de la estructura que la alberga. Esto genera tensión emocional: en sus testimonios se entrelazan las frustraciones ante las fallas del procedimiento, el sentimiento de estar enfrentando solas a “la estructura” y el temor de que los mecanismos diseñados no logren alterar las complicidades patriarcales.

Otra complejidad deviene de atender una necesidad que es múltiple y demandante. Quienes llegan al espacio no solo atraviesan situaciones de violencia, sino también condiciones sociales de vulnerabilidad que hacen más complejo el abordaje: desigualdades económicas, laborales, problemáticas de salud, mujeres sostén de familia, con escasez de tiempo para hacer trámites o de recursos para pagar asistencia legal o psicológica. Estas variables se combinan de forma particular en cada caso, exigiendo respuestas artesanales y complejas.

“Lo que llega a veces es mucho agotamiento, un deterioro grave de la salud mental (…)”

“Una situación que venimos acompañando ya hace casi dos años, la mujer tiene claramente una dificultad cognitiva para llevar adelante algunos trámites, y ella nos demanda estar ahí. A nosotras nos angustia, porque realmente no puede”

“Cuando hay niñes de por medio lo que se necesita es cuota alimentaria y régimen de cuidado, y eso es una primera limitación para las personas que están saliendo de una situación de violencia de género, la violencia económica atroz que cae sobre esas mujeres (…)” (Fragmentos entrevista a tres trabajadoras del área, noviembre 2021)

El trabajo de abordaje no se limita al acompañamiento subjetivo, sino que exige gestionar recursos, conseguir turnos, activar contactos y tejer redes de derivación. Así, las trabajadoras intentan cubrir vacíos que sistemas, como el judicial o el de la salud, tienen para garantizar el bienestar de las personas, lo cual genera una sobrecarga de trabajo que problematiza los límites del dispositivo.

“Estás acá, pero este no es un espacio de tratamiento psicológico entonces te engancho a un tratamiento en algún lugar y bueno, es hacer todas esas gestiones, la [trabajadora social] gestiona mil ayudas económicas, un espacio en las residencias, un subsidio (…)

acá no tenemos patrocinio jurídico, entonces es buscar contactos, recurrir a abogados y abogadas que puedan pagar en cuotas, recomendar un número de teléfono, una abogada gratuita.” (Fragmentos entrevista grupal a equipo completo, diciembre 2021)

Las experiencias narradas muestran las dificultades de sostener la vida en contextos adversos. Realizarlo con pocos recursos intensifica el lugar de residualidad, el desafío de asumir lo que el sistema no está asumiendo.

“Nosotras trabajamos con estas temáticas, trabajamos en esta institución y no tenemos recursos. Entonces, suele esperarse [del espacio] algo más que nosotras no podemos dar (…).

Nosotras los viernes no solemos venir, pero las chicas hicieron un acompañamiento el viernes y sábado, dispusieron de sus autos, su tiempo. Fue un acompañamiento en el que no había posibilidad real para esperar el tiempo procesal de la justicia (…) 

Una vez en pandemia, con la Universidad sin actividades, con todo cerrado, salimos con su propia camioneta, ella y yo, a buscar a [una mujer que estábamos acompañando] porque no sabíamos si estaba muerta o estaba viva, ¡¡que estrés!!” (Fragmentos entrevista grupal a equipo completo, diciembre 2021)

Las trabajadoras sostienen los abordajes, aun en contextos adversos, porque hay situaciones que requieren un seguimiento cercano y acciones urgentes. Una ética reaccionaria del cuidado opera en estos casos ubicando en ellas la responsabilidad de permanecer activas y alertas más allá de los limites laboral y las restricciones contextuales: fuera de horarios, sin las condiciones necesarias, en situaciones de riesgo, disponiendo de recursos personales. Aunque puede reconocerse el compromiso feminista que orienta estas intervenciones, al tratarse de un trabajo asalariado, la sobre-exigencia termina generando malestar. Como señalamos anteriormente, en los trabajos de cuidado dentro del mercado laboral se solapan las lógicas de explotación del trabajo asalariado con la ética del cuidado. Cuando el esfuerzo exigido no se corresponde con las condiciones salariales y contractuales, se configuran escenarios de conflicto laboral.

“Hemos trabajado muy por encima de la oferta laboral que nos hace la Universidad (…) Trabajamos con situaciones de riesgo, nos exponemos al riesgo y eso no se ve reflejado en el sueldo.” (Trabajadora del espacio, noviembre 2021)

“Hace años somos monotributistas ¿Hasta cuándo un espacio sostenido por este lomo?” (Trabajadora del espacio, diciembre 2021)

Entre los escasos recursos y el alto volumen de tareas, emerge la paradoja: si, en principio, las políticas de cuidado buscan promover la autonomía tanto de quien lo recibe como de quien lo brinda (Esquivel, 2012), ¿hasta qué punto lo logran bajo lógicas capitalistas y patriarcales, cuando las condiciones laborales son precarias u hostiles? Frente a ello establecer el “propio limite” se vuelve una forma de cuidado para las trabajadoras.

“Contactarnos con ese límite nuestro para mí es como lo más difícil, nuestro límite de intervención, es a veces el desafío constante con algunas situaciones, ¿hasta dónde?” (Trabajadora del área, noviembre 2021)

En cuanto a la noción de invisibilidad sistémica (Pérez Orosco, 2014), gran parte de las actividades realizadas por las áreas que abordan la violencia ocurre de manera silenciosa y puertas adentro, las que lo vuelve difícil de visibilizar y cuantificar institucionalmente. Esta especificidad configura otro nudo problemático.

“Es hermoso presenciar esas posibles salidas de la violencia, que han sido muchas. Pero eso no les llega a las autoridades, no lo ven, no lo saben, porque no se ve en las estadísticas.” (Trabajadora del área, noviembre 2021)

“Hemos estado horas, días y meses para hacer un abordaje, para acompañar a una persona, mucho más que eso, un año y medio, dos, tres, y esa posibilidad está dada por nosotras mismas y no es cuestionada tampoco, porque en esto también es invisible nuestro trabajo, es la ventaja de la invisibilidad.” (Entrevista grupal, diciembre 2021)

Según las profesionales, la naturaleza de las prácticas que involucran los acompañamientos no puede ser traducida en los lenguajes de la productividad o el rendimiento, por lo que se vuelven “invisible” e inconmensurables para las lógicas con las que la institución evalúa y reconoce. A su vez, esa opacidad otorga un margen de autonomía para sus intervenciones.

Sin embargo, en los bordes de la invisibilidad, la ética reaccionaria del cuidado desplaza sobre estos trabajos la pretensión de neutralidad y no conflicto (Pérez Orosco, 2014). Las profesionales que aplican el Protocolo perciben esta tensión en torno a lo incómodo que resulta en el ámbito el posicionamiento feminista del equipo. En este punto el conflicto deja de ser en torno a la visibilidad/invisibilidad para devenir una disputa entre politización y despolitización de la tarea. Las trabajadoras advierten que ciertas formas de nombrarlas -como “las chicas del protocolo”, “las chicas de género”, incluso “las policías del género”- desprofesionaliza su rol e intenta neutralizar o desprestigiar el contenido político de su función. Frente a esto, el equipo busca desmarcarse afirmando su posicionamiento feminista y reclamando mayor formalización institucional para el espacio.

“Vos hoy le sacas todas estas feministas que tiene adentro y pones tecnócratas y puede convertirse en un espacio administrativo y operativo, una comisaría y punto. Entonces, para mí [no formalizar al equipo] tiene que ver con la posibilidad de decir ‘si esto incomoda mucho le cambiamos la cara y chau’.” (Trabajadora del área, noviembre 2021)

La disputa por la formalización laboral se vuelve una plataforma para sostener la capacidad crítica de la tarea. En este punto, el reclamo por mejores condiciones de trabajo es parte de la politización de la labor, como una forma de cuidado propio que permite seguir cuidando y transformando el ámbito.

Trabajo de abordaje en el marco de la organización universitaria del cuidado

            Analizar el trabajo de abordaje de las violencias desde la perspectiva de la “organización social del cuidado” permite interrogar las formas en que las universidades gestionan esta tarea, es decir, las condiciones sociales e institucionales mediante las cuales lo organizan. Esta arista complementa al análisis previo al mostrar el orden de prioridad que la universidad, en tanto sistema, otorga al cuidado de la vida (Esquivel, 2012; Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014).

Entre los indicadores clave para evaluar la relevancia de una política en la agenda ins titucional se destacan el presupuesto asignado y la ubicación en la jerarquía organizacional. Los presupuestos expresan de manera concreta los compromisos y prioridades de quienes gobiernan (ACIJ, 2019). Al distribuir recursos, éstos afectan directamente el alcance de las políticas y pueden contribuir a garantizar derechos o, por el contrario, perpetuar desigualdades. Dado que las políticas de género buscan transformar inequidades o abordar problemas que afectan de manera diferencial a mujeres y disidencias, su puesta en marcha y adecuado financiamiento resultan esenciales para el ejercicio efectivo de derechos (Anzorena, 2013).

Por su parte, el margen de acción de las políticas depende de las capacidades institucionales con las que cuentan: su lugar en la trama institucional, la jerarquía del área que la implementa, las atribuciones que se les asignan, las estructuras, recursos y personal con el que cuentan (Rodriguez Gustá, 2008). En este sentido, la planificación político-presupuestaria que las universidades adopten respecto de las políticas de abordaje de las violencias incide de manera decisiva en la posibilidad de transformar esta problemática.

Los relevamientos realizados en 2019 y 2024 por la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE-CIN) muestran que, a nivel nacional, una proporción significativa de las áreas responsables de implementar los protocolos ocupan posiciones marginales dentro del mapa laboral e institucional universitario. Dichos informes (RUGE, 2020, 2025) revelan una fuerte feminización de este trabajo, generalmente sostenido por equipos reducidos, de tres integrantes o menos, que en muchos casos operan en condiciones laborales precarias, mediante modalidades de contrato temporales, ad-honorem y sin cargos de planta permanente. A esto se suma la ausencia de partidas presupuestarias propias y la baja jerarquía organizacional que ocupan. Solo una proporción mínima de estas áreas ha alcanzado niveles altos en la estructura universitaria, permaneciendo la mayoría en rangos medios o bajos.

El paisaje descripto reproduce, en el ámbito universitario, el esquema de la organización social del cuidado que históricamente asignó a las mujeres el sostenimiento de la vida en circunstancias de desvalorización material y simbólica.

En el caso analizado, los recursos que la universidad asignó al área muestran que, si bien la política se creó en 2015, recién fue incorporada al presupuesto en 2019 como una actividad dentro de otro programa (Desarrollo del Bienestar Universitario). Además, destaca que dicho financiamiento se realizó mediante incisos que no corresponden a Gastos de Personal, sino por medio de “Transferencias” (2019) o “Servicios No personales” (desde 2020). Las entrevistadas explican que esto respondió al hecho de que el área no fue creada dentro del organigrama legal y que esta existencia no formalizada le impidió traccionar cargos propios para su personal. Entre 2015 y 2022, la mayoría de sus trabajadoras fue vinculada mediante contratos temporales y prestaciones de servicios. Esta escaza participación en el presupuesto universitario encuentra correspondencia con su inserción en la trama organizacional: entre 2015 y 2022 el área ocupó el lugar de una “coordinación”, lo que denota un rango institucional bajo.

Respecto al volumen de recursos asignados, estos han sido mínimos, tanto en relación con el presupuesto total que gestiona la unidad ejecutora (Secretaría de Bienestar Universitario) como con la relevancia de la tarea desarrollada. La política recibió $60.711 en 2019, presupuesto que fue reconducido en 2020, y $104.077 en 2021, también reconducido para 2022 (3). En 2023, tras un cambio de gestión en el gobierno universitario, se observó un salto cuantitativo: su presupuesto ascendió a $2.978.058 indicando una mejora considerable en términos de poder adquisitivo respecto al punto inicial.

Figura 1:

Sin embargo, desde una mirada sistémica, se advierte que, aunque el financiamiento haya aumentado, continuó representando una proporción marginal del presupuesto universitario. Para el caso, se trata de la única área que realiza este tipo de tarea en toda la universidad y, por tanto, trabaja transversalmente con todas las dependencias, claustros y sectores de la comunidad universitaria.  Entre 2019 y 2022 su financiamiento representó alrededor del 0,06% del presupuesto de la SBU, y apenas el 0,01% del de la universidad. Con la mejora de 2023 esas proporciones ascendieron al 0,39% y 0,11%, respectivamente. Desde la perspectiva de las trabajadoras entrevistadas, este escenario institucional y presupuestario se traduce en sensaciones de estancamiento profesional y agotamiento frente a sus condiciones laborales “desde lo personal y lo profesional, no veo ningún horizonte de mejoras” (Trabajadora del área, diciembre 2021). La frase alerta sobre dos efectos críticos derivados de la forma en que se organiza el cuidado. Por un lado, las consecuencias que la feminización y desjerarquización institucional pueden tener sobre las trayectorias laborales de sus trabajadoras: ¿hasta qué punto el posicionamiento marginal de las áreas reproduce la desigualdad de género en el mapa laboral universitario? La precaria institucionalidad de los espacios puede volverse un obstáculo para quienes, habiendo desarrollado sus carreras laborales allí, aspiran a mejores puestos en las jerarquías ocupacionales. Por otro lado, ¿qué consecuencias tiene el desgaste de las profesionales para la continuidad y calidad de la política? El estrés que implica atender demandas múltiples con pocos recursos puede conducir al agotamiento y la eventual migración de sus trabajadoras hacia otros espacios y tareas, generando una inestabilidad que pone en riesgo la sostenibilidad de la política en sí misma.

Reflexiones finales

            Este artículo exploró las políticas universitarias de abordaje de las violencias de género implementadas en la UNCUYO desde un enfoque crítico y feminista para el estudio de las políticas públicas, en articulación con categorías analíticas provenientes del campo de la economía feminista. Dicha indagación permitió situar la importancia de estas tareas a partir de su contribución sistémica a la “sostenibilidad de la vida” en las comunidades e instituciones universitarias. Los conceptos de “ética reaccionaria del cuidado” y “organización social del cuidado” posibilitaron visibilizar nudos problemáticos como la residualidad, la invisibilidad sistémica y la reproducción de desigualdades en el mapa laboral e institucional universitario.

El caso analizado evidencia que la existencia misma de estas políticas y los sentidos que sus trabajadoras atribuyen a las tareas que realizan, no se agota en la cobertura de una necesidad (atender situaciones emergentes de violencia), sino que se inscribe en un horizonte que busca construir una vida más vivible, justa, deseable dentro y fuera de la universidad. Las formas que sus prácticas de acompañamiento frente a la violencia toman dentro del entramado universitario, expresan el cuidado hacia trayectorias de las personas afectadas, pero también la interpelación hacia las condiciones patriarcales que producen y reproducen la violencia y que estructuran el funcionamiento de la institución. A su vez, la indagación también permitió dar cuenta que lo que subyace a la política es un tipo de trabajo especializado y feminizado, que requiere de sus trabajadoras disponibilidad afectiva, gestión del malestar, presencia activa y múltiples estrategias para sostener los acompañamientos. Los sentidos de frustración y agotamiento que emergen se comprenden a partir de la ética reaccionaria del cuidado, que traslada a las mujeres la exigencia de sostener vidas en contextos hostiles y con pocos recursos.  Al mismo tiempo, sondear los aspectos institucionales, como la desjerarquización y el desfinanciamiento, permitió ubicar el lugar que ocupan dentro del campo universitario. La forma en que se distribuyen, jerarquizan y financian las responsabilidades institucionales en torno al cuidado en una universidad pública plantea inquietudes sobre su tendencia a reforzar desigualdades o, por el contrario, su potencial para abrir posibilidades de transformación.

La provocación insistente de las economías feministas por visibilizar y traer al centro la vida nos interpela como universidades y nos lleva a preguntarnos: ¿qué lugar estamos dando a aquello que contribuye a erradicar las violencias y reparar los vínculos comunitarios? ¿Cómo valoramos el trabajo de quienes están impulsando esos procesos de transformación? ¿De qué modo fortalecemos la despatriarcalización de nuestras instituciones?  Estos interrogantes nos invitan a volver la mirada sobre las condiciones en las que se encuentran las trabajadoras del abordaje de las violencias patriarcales y, también, sobre la institucionalidad de su tarea.

Los compromisos internacionales asumidos por el país en tratados como Beijín y CEDAW incluyen la adecuada financiación para la implementación de las políticas de género. La obligación de garantizar derechos y reducir desigualdades no debe quedar limitada a la sanción de leyes, sino que requiere la creación de mecanismos y la asignación de recursos suficientes para su sostenimiento (ACIJ, 2019). La universidad ha mostrado apertura y compromiso hacia este horizonte mediante acciones positivas, como la creación de las políticas analizadas. Sin embargo, enfrenta el desafío de mejorar la ubicación sistémica que les ha asignado. Promover la priorización del cuidado de la vida y su puesta en el centro, requerirá, entre otras cosas, fortalecer la institucionalidad las áreas responsables y sostener a los equipos mediante la jerarquización, formalización y financiación de la tarea.

Notas

(1) En 2019 presté servicios a la UNCUYO para desarrollar un plan de sistematización de los datos de atención que producía el área, lo que me vinculó al trabajo de estas políticas. En 2022 me incorporé de manera estable el equipo, con funciones de planificación y capacitaciones institucionales.

(2) Utilizo el concepto de relaciones de producción en tanto la universidad genera materialidades bajo la forma de los productos y servicios que se proveen a la sociedad: enseñanza y formación de personas, investigación y conocimiento, cultura, periodismo e información, arte, asesoramientos varios, productos varios, etc.

(3) La inflación para estos años fue del: 53,8% en 2019, 36,1% en 2020, 51,2% en 2021 y 94,8% en 2022 (IPC-INDEC).

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